Diputados intentarán poner fin a esquema recaudatorio de Opaci
2025-07-04 10:41:05
Los legisladores califican estos servicios como una carga injustificada para la ciudadanía, con cobros que se traducen en millonarias recaudaciones sin rendición de cuentas.
<p>Un grupo de 18 diputados de la oposición presentó un proyecto de ley que busca poner fin a la intermediación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) en la expedición de licencias de conducir y en trámites relacionados con bienes inmuebles.</p> <p>La propuesta, impulsada por bancadas liberales y del denominado tercer espacio, apunta directamente al modelo actual en el que Opaci percibe G. 10.000 por cada trámite de licencia, lo que entre 2020 y 2024 representó ingresos por más de G. 35.000 millones. Según los proyectistas, estos fondos se manejan con total opacidad, sin obligación alguna de informar sobre su uso, pese a provenir de pagos ciudadanos en todos los municipios del país.</p> <p>Los parlamentarios advierten que Opaci, manejada actualmente por Nelson Peralta, exconcejal cartista de San Lorenzo, actúa como un eslabón innecesario entre las municipalidades y los contribuyentes. Alegan que su participación encarece el sistema, impide a las comunas desarrollar sus propios mecanismos y genera demoras innecesarias.</p> <p>El proyecto también elimina la intervención de Opaci en procesos vinculados a inmuebles, como la validación de tributos, constancias y cruce de datos para transferencias o gestiones crediticias. Los proponentes sostienen que estos trámites podrían ser resueltos directamente por los gobiernos locales, con mayor agilidad y transparencia.</p> <p>La normativa propuesta se compone de apenas cuatro artículos, pero su contenido es contundente: eliminar cualquier cobro o participación de Opaci u organizaciones similares en funciones que podrían ser ejecutadas directamente por las municipalidades. Los diputados denuncian que, hasta ahora, esta estructura se mantiene intacta gracias a la protección del oficialismo, mientras los ciudadanos continúan pagando por servicios sin sustento legal claro.</p>
