Diputados establece agenda con 30 puntos para su última sesión ordinaria del año

2024-12-16 10:16:12
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida, en esta ocasión, por el vicepresidente primero de la institución, Carlos Arrechea (ANR-Misiones), determinó conformar con 30 puntos el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el 17 de diciembre próximo.

La sesión, que será la última ordinaria antes del receso parlamentario, iniciará a las 09:00 horas. A continuación una síntesis de los principales proyectos que serán desarrollados en la ocasión. Registro Unificado Nacional (RUN) Otro de los temas que figura en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, es el proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay. El proyecto del RUN, que se encuentra en su cuarto trámite constitucional, propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Según la exposición de motivos, este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables. Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado. En el segundo trámite constitucional, luego de la aprobación de Senadores, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones y envió de vuelta el proyecto a la cámara de origen. La Cámara de Senadores, en el tercer trámite constitucional, se ratificó en los artículos 122 y 126, y aceptó las demás modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Modernización de ley de mipymes Otro de los documentos a ser analizados por la plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es el proyecto de ley “Que modifica varios artículos y amplía la Ley Nº 4.457/2012, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”. La exposición de motivos expresa que la modernización de la Ley N° 4457/12, que regula a las Mipymes, es un paso necesario, a más de una década de su promulgación. Asegura que requiere adaptaciones urgentes para enfrentar los desafíos actuales. Estas modificaciones tienen como objetivo central simplificar los trámites y fortalecer al sector mediante herramientas tecnológicas y una mejor articulación interinstitucional. El enfoque principal es establecer un registro nacional homogéneo y actualizado, basado en una categorización automática y diferenciada según el tamaño y la facturación de las empresas. Esto facilitará la implementación de políticas públicas efectivas y el acceso a beneficios específicos para el sector, tales como: acceso simplificado a financiamiento y programas de apoyo, con fondos exclusivos para mipymes; facilitar tasas diferenciadas, priorizando incentivos para micro y pequeñas empresas; mejorar la seguridad social tanto de los propietarios como de los trabajadores; reducir la informalidad y promover la competitividad empresarial; y fomentar el empleo y el desarrollo económico sostenido. Los artículos que se pretenden modificar son las siguientes: 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 46, 48, 49, 50, 51, y 52. Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. De la Función Pública y del Servicio Civil Otro de los documentos que figura en el orden del día para su tratamiento en la sesión plenaria próxima es el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”. Cabe resaltar que el objetivo principal de la propuesta es establecer una norma para la función pública que se encuentre en el ámbito del Poder Ejecutivo, reconociendo la autonomía de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tal como lo estipula la Constitución Nacional, según la exposición de motivos. En ese sentido, se informó que la normativa no excluye al Poder Judicial ni al Legislativo, pero cada organismo constitucional autónomo será la autoridad de aplicación en materia de función pública, reglamentando y aplicando esta ley en las relaciones laborales no cubiertas por un régimen especial, siempre en concordancia con la Constitución. En esencia, el presente proyecto tiene por objeto establecer las disposiciones generales aplicables a todas las carreras de la función pública y regular la carrera del servicio civil y sus respectivos procedimientos. Busca, por otro lado, promover la profesionalización de los servidores públicos para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones públicas, con la misión de ofrecer servicios oportunos y de calidad respetando derechos laborales y principios administrativos. El documento cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Acuerdo con Japón La Cámara de Diputados analizará, igualmente, el proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo por notas reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno del Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del Programa de Desarrollo Económico y Social”, suscrito en la ciudad de Asunción, el 25 de setiembre de 2023. El citado Programa de Desarrollo Económico y Social tiene la finalidad de mejorar la capacidad técnica e industrial del Paraguay, mediante el suministro de equipos técnicos y didácticos a las principales instituciones de formación profesional dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Educación y Ciencias, así como también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, encargadas de la capacitación y desarrollo de recursos humanos para la industria nacional. En tal sentido, el Gobierno del Japón otorgará al Gobierno de la República del Paraguay para la implementación del Programa de referencia una cooperación financiera no reembolsable de quinientos millones de yenes japoneses (aproximadamente 3,5 millones de dólares). Se encuentra en su segundo trámite constitucional. Tejiendo Apoyos Por otro lado, la plenaria de la Cámara de Diputados también considerará un proyecto de ley que aprueba el convenio de préstamo N° 9517-PY, suscrito por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 7 de agosto de 2024, y por la República del Paraguay en fecha 9 de agosto de 2024. Este convenio autoriza un préstamo de hasta USD 125.300.000 para el financiamiento del proyecto “Tejiendo apoyos para la excelencia educativa en Paraguay”, que será implementado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Según la exposición de motivos, el empréstito tiene como fin mejorar los entornos de aprendizaje mediante la ampliación y renovación de la infraestructura física de 316 escuelas; la provisión de mobiliario y materiales pedagógicos; y el fortalecimiento de la gestión de infraestructura educativa. Agrega que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno y del MEC para promover la excelencia educativa y consolidar programas orientados a mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Este proyecto, proveniente del Poder Ejecutivo, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Carta Orgánica del IPS Igualmente, la Cámara de Diputados analizará, en ocasión de la sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”. Esta iniciativa busca modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándolo a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. El documento proveniente del Poder Ejecutivo, se centra en el cambio en el período de cálculo de las jubilaciones, extendiéndolo de 36 a 120 meses (de 3 a 10 años para calcular el promedio de la jubilación). También prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Según el documento, para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100% del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados. En cuanto a la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80% que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud. El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60% del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas. También prevé el fortalecimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad. La propuesta establece un incremento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS, con un aumento en el aporte que alcanzará un 12% en un plazo de cinco años. Por otro lado, para las jubilaciones por invalidez, el proyecto propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por el IPS. Se encentra en su primer trámite constitucional. Tren de Cercanías El orden del día de próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados contempla, por otro lado, el estudio del proyecto de ley “De la reforma del Tren de Cercanía”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Según la exposición de motivos, el proyecto “Tren de Cercanías” contribuirá a reducir significativamente los tiempos de desplazamiento, facilitando el acceso de la población a centros educativos, de salud y áreas laborales, lo que a su vez potencia la productividad y calidad de vida. “Este proyecto, que abarca un tramo de 43 km entre Asunción e Ypacaraí, ha sido concebido no solo como una alternativa al transporte urbano tradicional, sino como una infraestructura clave para el desarrollo regional y la integración de las ciudades en su recorrido: Asunción, Luque, Areguá, Itauguá e Ypacaraí”, dice parte del documento. Agrega que su ejecución comprende tanto infraestructura física como operativa, incluyendo estaciones, sistemas de comunicación y señalización, adquisición de material rodante, y la liberación de la franja de dominio necesaria para su implementación. Los cambios que se proponen en el presente proyecto, con respecto al fallido proyecto anterior, “sentarán las bases para obtener el financiamiento más competitivo posible, alineando los intereses nacionales con los principios de transparencia, uso eficiente de recursos, seguridad para los inversionistas, y garantías necesarias para la estructuración e implementación del proyecto”, alega. Enfatiza que el nuevo documento modifica el aspecto medular del modo de contratación, puesto a que en la Ley Nº 7237/2023 se preveía una contratación de gobierno a gobierno (G2G) con la República de Corea, mientras que con esta iniciativa, el Gobierno abre el proceso a los actores del sector privado, a través a una licitación pública nacional. “Esto es un beneficio adicional del presente Proyecto de Ley, al dinamizar a los actores locales y generar importantes fuentes de trabajo”, asegura el Poder Ejecutivo. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Elisa Lynch al Panteón de los Héroes El orden del día de la Cámara de Diputados, igualmente, incluye la consideración del proyecto de ley “Que otorga la nacionalidad paraguaya honoraria en carácter póstumo a Elisa Alicia Lynch y dispone el traslado de la urna al Panteón de los Héroes”. La iniciativa busca otorgar la nacionalidad paraguaya honoraria, en carácter póstumo, a Elisa Alicia Lynch y trasladar sus restos al Panteón Nacional de los Héroes. “Elisa Lynch encarna las virtudes de la mujer paraguaya: fortaleza, lealtad y dedicación”, según la exposición de motivos. Nacida en Irlanda, se convirtió en una figura emblemática en la historia del Paraguay. Su unión con el Mariscal Francisco Solano López marcó una vida de sacrificios. Acompañó al líder paraguayo en los momentos más difíciles, incluyendo la Guerra de la Triple Alianza, y se dedicó a labores humanitarias durante el conflicto, según se relata en el documento que justica la presentación del proyecto. Agrega que organizó hospitales de sangre; veló por los soldados heridos; y contribuyó al desarrollo cultural de Asunción; y que pese a las adversidades, enfrentó con dignidad el exilio y las calumnias. En 1961, sus restos fueron repatriados con honores, aunque no se le permitió reposar junto al Mariscal López debido a restricciones religiosas de la época. Este proyecto busca reparar esa injusticia histórica, reconociendo su sacrificio y amor por el Paraguay. El proyecto busca rendir tributo a una figura clave de nuestra historia y asegurar que su memoria sea preservada como símbolo de lealtad y patriotismo. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Reserva natural y ecológica Otro de los documentos a ser analizados en la ocasión es el proyecto de ley "Que declara reserva natural y ecológica al Departamento de Ñeembucú y libre del cultivo extensivo". En esencia, este proyecto prohíbe los cultivos extensivos y el uso de agrotóxicos en gran parte del departamento mencionado. En la exposición de motivos se destaca la riqueza de humedales en Paraguay, señalando que entre el 30% y 40% de la superficie del país está cubierta por estos ecosistemas, y enfatiza la importancia de estos ambientes como reservorios de agua y hábitat para diversas especies de fauna. El proyecto advierte sobre los riesgos del cultivo extensivo, mencionando el alto consumo de agua y tierra, así como los efectos negativos de fertilizantes y plaguicidas en la biodiversidad y los recursos hídricos. La iniciativa prevé declarar zona de reserva natural y ecológica al Departamento de Ñeembucú, desde el Río Tebicuary hacia el sur, además de prohibir el cultivo extensivo y el uso de agrotóxicos en la zona, exceptuando a tres distritos al norte del Río Tebicuary (Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva), donde se permitirá mantener los cultivos existentes, pero no nuevas plantaciones. Principalmente, se prohíbe cultivos que superen las 100 hectáreas en la zona protegida. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Protección de datos personales La plenaria de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé el análisis del proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. El presente documento tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales la República del Paraguay es parte. El texto, recordemos, cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública; entre otros. Cabe recordar que dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país. El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional. Unidades de desintoxicación en hospitales La plenaria de Diputados también tiene agendado considerar, en su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley que busca obligar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a implementar unidades especializadas para el tratamiento, desintoxicación y rehabilitación de personas con problemas de adicción, en todos los hospitales regionales del país. El acápite del proyecto es el siguiente: “Que obliga al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a disponer dentro de los hospitales regionales de la República, unidades de atención especializada en el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación de personas con problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas” Según la exposición de motivos, el objetivo es asegurar una atención integral, oportuna y accesible para personas con problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas. Se prevé que el Ministerio de Salud habilite unidades de atención gratuita en hospitales regionales, complementando la Ley N° 7.104 - De emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas. En esencia, el proyecto propone modificar la Ley N° 5.876/17 (Senabico), para destinar el 50 % del 30 % que le corresponde al Ministerio de Salud Pública (de la distribución de los bienes incautados del narcotráfico), a proyectos de rehabilitación presentados por la cartera sanitaria. La implementación sería gradual en los primeros tres años, con énfasis en los departamentos con mayor índice de adicción. La medida busca ampliar la cobertura del sistema de salud pública en materia de adicciones, destacando la insuficiencia de los servicios actuales, concentrados principalmente en la capital. Datos personales crediticios Otra propuesta legislativa en la mira de los legisladores de la Cámara de Diputados para su tratamiento en ocasión de la sesión ordinaria, es el proyecto de ley “Que modifica los artículos 09, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 6534/20 “De protección de datos personales crediticios”. El objetivo principal del proyecto es garantizar el derecho a la privacidad y al olvido de información crediticia expirada, desactualizada o perjudicial, además de incluir sanciones penales por el uso indebido de estos datos. La iniciativa propone reducir el tiempo de almacenamiento de datos crediticios, actualmente fijado en cinco años, argumentando que este plazo es excesivo que afecta los intereses económicos y financieros de los ciudadanos. También busca facilitar la rehabilitación de la moral financiera de personas que ya han cumplido con sus obligaciones, pero siguen registradas en bases de datos que afectan su solvencia. El proyecto amplía el régimen de sanciones, pasando de medidas administrativas a penas privativas de libertad y multas económicas, con el fin de disuadir prácticas abusivas por parte de los burós de crédito. La propuesta responde a demandas sociales que denuncian la discriminación financiera y laboral derivada de registros negativos obsoletos, según la exposición de motivos. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Proporcionalidad de la privación de libertad Otro de los puntos que se encuentra incluido en el orden del día es el proyecto de ley "Que modifica los artículos 236 y 238 de la Ley N° 1286/98, Código Procesal Penal (Proporcionalidad de la privación de libertad y limitaciones, respectivamente)”. Este proyecto tiene por objeto establecer una proporcionalidad entre la privación de libertad y la expectativa de la pena a aplicarse a los procesados por la justicia. El artículo 236 de la referida ley que habla de la “proporcionalidad de la privación de libertad”, establece, actualmente, que la privación de libertad, durante el procedimiento, deberá ser proporcional a la pena que se espera. La propuesta de modificación agrega la siguiente redacción: “En ningún caso podrá durar más de dos años, aun cuando la pena mínima para igual hecho punible resulte superior a este límite”. Agrega, inmediatamente, después que, “(…) cumplido este plazo, el imputado deberá ser beneficiado, incluso de oficio, con los rigores de las medidas sustitutivas, en especial por la del arresto domiciliario, bajo el régimen de los dispositivos electrónicos de control establecidos por la Ley N° 5863/17, Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”. Con relación al artículo 238, que refiere a las “Limitaciones”, estipula en su redacción actual que, no se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años; de las mujeres en los últimos meses de embarazo; de las madres durante la lactancia de sus hijos; o de las personas afectadas por una enfermedad grave y terminal, debidamente comprobada. En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará el arresto domiciliario. El agregado propuesto establece que, tampoco se podrá aplicar la prisión preventiva, extenderla o continuar al imputado, acusado o condenado que haya cumplido, efectivamente, dos años de prisión preventiva en la misma causa. El proyectista explica, en su exposición de motivos, que la prisión preventiva creada y definida como tal es una medida de duración determinada, cuya implementación jurisdiccional debe sujetarse a los principios que lo sustentan. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Derecho a apelación La Cámara de Diputados, igualmente, analizará en ocasión de su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que modifica el artículo 461 de la Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal” Esta propuesta legislativa tiene por objeto introducir modificaciones al referido artículo 461 que regula el recurso de la apelación general. En esencia, la iniciativa busca eliminar la prohibición de apelar resoluciones de apertura a juicio oral, considerado inconstitucional, por restringir el derecho humano a la doble instancia, reconocido en la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, según la exposición de motivos. Explica que, actualmente, el artículo en cuestión permite apelar varias resoluciones judiciales, pero excluye, expresamente, los autos de apertura a juicio. “Esta restricción ha sido cuestionada por la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo histórico (Caso Vilma Lucila Macchi de Morales, 2024) declaró inconstitucional esta prohibición, sentando un precedente para proteger el derecho al recurso en procedimientos penales”, dice parte de la fundamentación del proyecto. La reforma, igualmente, busca alinear el marco normativo con el principio de “doble conforme”, que garantiza que dos tribunales revisen los casos para evitar errores judiciales y asegurar justicia. Con ello, se fortalece el acceso a la tutela judicial efectiva, promoviendo un sistema penal más justo y acorde a los estándares internacionales, expresa, finalmente, el proyecto. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Animales como seres sintientes El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé el tratamiento proyecto de ley “De protección y bienestar animal”, documento que tiene como objetivo reconocer y declarar a los animales como “seres vivos con capacidad de sentir (seres sintientes)”, sujetos de derechos. El proyecto pretende asegurar el bienestar y enfatizar la especial protección contra el sufrimiento y el dolor; fundamentalmente, el causado por los humanos, a través de un procedimiento sancionatorio, a fin de atenuar las consecuencias sociales de maltrato animal derivadas del abandono. La normativa establece pautas mínimas que regulan la protección de animales domésticos o domesticados, abandonados o no, ya sean mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios, de carga (tracción a sangre), silvestres y exóticos en cautividad, sin las condiciones adecuadas de vida y sin permiso otorgado por el ente regulador de animales exóticos y silvestres (MADES), así como los expuestos para su venta. También busca declarar de interés público las garantías de protección y el bienestar de los animales. Establece, por otro lado, que el Estado garantizará la adopción de acciones que aseguren la prevención y el tratamiento del dolor y el sufrimiento; la promoción de la salud y el bienestar, asegurándoles, según la especie y forma de vida, condiciones apropiadas para su existencia, higiene y sanidad; y la erradicación y sanción de maltrato y actos de crueldad animal. “Tenemos la Ley 4.840/2013, y su modificatoria, 5.892/2017, pero se precisa modificaciones y la introducción de nuevas figuras, situaciones y casos acordes a la realidad. Se desea considerar a los animales como seres sentientes y con esto reconocer que debemos actuar respetando a otros seres con derechos, pero que carecen de voz para poner nombre a su dolor y protestar”, se argumenta en la exposición de motivos. Un punto resaltante de esta normativa es la intención de aumentar la pena privativa de libertad y que pase a ser de hasta ocho años. Cooperación con Corea La plenaria de la Cámara de Diputados también analizará el proyecto de ley “Que aprueba el memorando de entendimiento para la cooperación del Gobierno de la República de Corea al Gobierno de la República del Paraguay, destinada al establecimiento del Centro Paraguayo de Recomendaciones y Soluciones Tecnológicas desde Corea (TASK), para el avance de autopartes y plan piloto de movilidad eléctrica”. El documento, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, busca obtener y fortalecer la competitividad de la industria automotriz y contribuir al mejoramiento del beneficio mutuo a través de la innovación tecnológica. En esencia este proyecto busca, según la exposición de motivos, contribuir al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, y se enmarca en la nueva Política Industrial impulsada por el Ministerio de Industria y Comercio, que enfatiza la atracción de inversiones de triple impacto. En este sentido menciona los incentivos más eficaces; el aprovechamiento de los recursos abundantes; y las cadenas de valor asociadas a las industrias. “Esta nueva política busca maximizar la eficiencia en uso de los instrumentos de apoyo con el impacto en la generación de empleos de calidad para los ciudadanos”, agrega. Se encuentra en su segundo trámite constitucional. Violencia contra la Mujer Otro de los puntos que figura en el orden del día para la sesión ordinaria próxima es el proyecto de ley “Que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer”. El presente proyecto pretende fortalecer la implementación de la Ley N° 5.777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”. De esta manera, busca un proceso ágil y especializado que no revictimice a las mujeres ante estos hechos, según la exposición de motivos. El documento establece la creación de una jurisdicción especializada en violencia contra las mujeres, compuesta por juzgados de Primera Instancia y tribunales especializados en esta materia, para entender y decidir en las causas que surjan como consecuencia de hechos de violencia. Se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras la media sanción que le dio al documento la Cámara de Senadores. Universidad pública en Alto Paraguay Otro de los documentos a ser abordados durante la sesión ordinaria de este miércoles, es el proyecto de ley "Que crea la Universidad Nacional de Alto Paraguay (UNAAP)”. La propuesta surgió ante la imperiosa necesidad de los habitantes del citado departamento de la Región Occidental, de contar con una universidad pública. “La desigualdad social y sus consecuencias se miden, fundamentalmente, por la calidad educativa que reciben los habitantes. Es sabido que por diversas circunstancias de la realidad, los jóvenes del Departamento de Alto Paraguay, y zonas aledañas, no tienen la posibilidad de acceder a una oferta educativa de calidad, como se da en otras zonas del Paraguay. Por ello deben enfrentar, en la mayoría de los casos, la dificultad de emigrar”, expresa parte de la exposición de motivos. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Optimización de gestiones en juzgados El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados, por otro lado, prevé el estudio del proyecto de ley “Que modifica el artículo 4° de la Ley N° 6783/21, Que crea los juzgados, tribunales de primera instancia y defensorías públicas de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú”. La modificación propuesta tiene como objetivo principal optimizar la gestión jurisdiccional de los nuevos juzgados creados recientemente en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, de manera a evitar el colapso administrativo en el proceso de transición hacia los nuevos juzgados, según la exposición de motivos. Agrega que la transferencia inmediata de los expedientes judiciales a los nuevos juzgados podría entorpecer la administración de justicia. En el documento se explica además que, actualmente, los juzgados de Caaguazú operan con un sistema electrónico de gestión de expedientes, mientras que los nuevos juzgados de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia aún no cuentan con esta infraestructura tecnológica. Esta disposición busca también asegurar que los juicios orales sean llevados a cabo, exclusivamente, en la nueva sede, cumpliendo con el Código Procesal Penal”, según el documento. Con esta propuesta, según el documento, se busca mejorar la eficiencia del sistema judicial en Caaguazú, promoviendo una transición ordenada hacia los nuevos juzgados y garantizando que la ley cumpla su propósito de acercar la justicia a la ciudadanía. Nuevos juzgados de Paz para Asunción La Cámara de Diputados también tiene proyectado analizar en su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que crea nuevos juzgados de Paz para la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en Asunción”. Se trata de un proyecto de ley que busca crear 14 nuevos juzgados de Paz en Asunción, con el objetivo de descongestionar el sistema actual que se encuentra "colapsado y en altísima morosidad jurisdiccional", según la exposición de motivos. La iniciativa propone distribuir los nuevos juzgados entre las siete parroquias capitalinas existentes: La Catedral, La Encarnación, San Roque, La Recoleta, Villa Morra, Santísima Trinidad y Zeballos Cué. Cada parroquia recibiría dos nuevos juzgados adicionales, según la propuesta. En la exposición de motivos se señala que la Justicia de Paz en Asunción no ha experimentado una variación positiva en su estructura y capital humano desde su creación, pese a que atiende a más de 520.000 habitantes, equivalente al 7% de la población nacional. Esta situación se agravó con la vigencia de la Ley 6059/18, que amplió las funciones de estos juzgados, asegura el escrito de presentación. Como medida innovadora, el proyecto establece que durante el primer año de funcionamiento, los nuevos juzgados atenderán, exclusivamente, las causas nuevas, mientras que los actuales se dedicarán a resolver los casos pendientes, salvo situaciones excepcionales como excusaciones judiciales. Los juzgados de Paz tienen competencia multifuero, lo que significa que atienden casos civiles, comerciales, laborales, penales, de niñez y adolescencia, e incluso electorales. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Altas capacidades intelectuales Otro de los documentos a ser analizados por el plenario de Diputados es un proyecto de ley que busca establecer mecanismos para la identificación, inscripción y asistencia de estudiantes con altas capacidades intelectuales en el sistema educativo paraguayo, tanto en instituciones públicas como privadas y privadas subvencionadas. La iniciativa, cuyo acápite oficial es "Que dispone la identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y superior, de los estudiantes con altas capacidades", propone la creación de centros educativos especializados en altas capacidades, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que funcionará como autoridad de aplicación. Establece que estos centros contarán con equipos técnicos integrados por psicólogos, psicopedagogos y especialistas en educación con énfasis en altas capacidades. El proyecto establece que las instituciones educativas deberán realizar, al menos, un test anual para identificar a alumnos que "manejan y relacionan de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo", según define el texto. En la exposición de motivos se señala que el concepto de alta capacidad ha evolucionado desde su inicial asociación con el alto rendimiento académico y el Cociente Intelectual (CI) elevado, hasta considerarse, actualmente, como "un potencial a desarrollar". Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "superdotada" a una persona con CI igual o superior a 130, el proyecto adopta un enfoque más amplio y multidimensional. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Día de la Identidad Nacional El proyecto de ley “Que declara el 14 de agosto como el Día de la Identidad Nacional”, también va a ser analizado por la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima. La propuesta de ley tiene el propósito de enaltecer a los más ilustres exponentes de la cultura paraguaya. La exposición de motivos explica que la fecha elegida es en conmemoración al maestro Remberto Giménez, calificado como el "Mozart Paraguayo", y considerado un baluarte de la cultura paraguaya. “Esta iniciativa busca conceder un merecido realce y reconocimiento, a través de la figura del maestro Remberto Giménez, a todas las personalidades más prominentes de nuestro país por su aporte en la conformación de la identidad nacional”, expresa parte de la fundamentación que acompaña el proyecto. Este proyecto se encuentra en su tercer trámite constitucional. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, fue rechazado por la Cámara de Senadores. Día Nacional de la Microbiota La plenaria de la Cámara de Diputados también considerará, en ocasión de su sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que declara el 2 de mayo como el ‘Día Nacional de la Microbiota’”, con el objetivo de promover la educación, la investigación y la concienciación sobre la importancia de la microbiota en la salud humana. La microbiota es definida en el proyecto como el conjunto de bacterias que colonizan la piel, el aparato digestivo, incluida la boca, y el aparato genital. Su importancia radica en que es una barrera que protege al organismo, entre otras cosas, de: microorganismos patógenos, sustancias carcinógenas, metales tóxicos, químicos nocivos presentes en el ambiente y partículas de polvo y suciedad, entre otros. El proyecto exhorta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias y otros organismos e instituciones pertinentes, a organizar, fomentar y difundir actividades educativas, científicas y de concienciación a nivel nacional en el marco de la conmemoración del "Día Nacional de la Microbiota". Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo, a través de las instituciones competentes, establecerá las acciones necesarias para la promoción y celebración de este día, asegurando la participación activa de instituciones educativas, centros de investigación, entidades de salud y la sociedad en general. Se encuentra en su primer trámite constitucional. Normas claras para subasta de bienes públicos Como último punto del orden del día, la Cámara de Diputados analizará el proyecto de ley “Que modifica el artículo 138 de la Ley N° 3.966/10 “Orgánica Municipal”. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo principal establecer normas claras y efectivas para la subasta y venta de inmuebles de dominio privado municipal, asegurando que estos procesos maximicen la rentabilidad económica y promuevan la inversión social. En la exposición de motivos, se explica que los bienes municipales, tanto de dominio público como privado, deben gestionarse bajo principios de eficiencia y con miras al beneficio colectivo. Señala, además, que actualmente los inmuebles de dominio público se venden con base en valores fiscales que no reflejan su verdadero valor de mercado, lo que perjudica las arcas municipales. El proyecto de ley introduce modificaciones en el proceso de enajenación de bienes municipales en los siguientes ítems: Tasación basada en el valor real del inmueble: Se establece que un perito tasador matriculado determinará el valor mínimo de venta, garantizando que no se subasten propiedades por debajo de su valor de mercado. Análisis técnico y financiero: Las ventas deberán ser avaladas por estudios de factibilidad urbanística y por informes vinculantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Destino de los recursos: Los ingresos obtenidos se destinarán exclusivamente a la compra de otros inmuebles de igual o mayor valor, fomentando la reinversión en patrimonio municipal. Excepciones para proyectos sociales: Los casos relacionados con planes de vivienda social serán regulados por normativas específicas. Según los autores del proyecto, estas medidas no solo protegerán los recursos municipales, sino que también fomentarán una administración más transparente y responsable. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

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